El Gobierno de Estados Unidos confirmó el lanzamiento de tres ataques armados contra cuatro embarcaciones en el océano Pacífico oriental, con un saldo de 14 personas muertas. Las operaciones fueron ordenadas directamente por el presidente Donald Trump y ejecutadas por el Departamento de Guerra, sin que hasta el momento se haya presentado evidencia independiente que respalde las acusaciones de narcotráfico.

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El secretario de Guerra, Pete Hegseth, se refirió a las personas abatidas como «narcoterroristas» y afirmó que pertenecían a organizaciones catalogadas por Washington como terroristas. No obstante, no se ofrecieron detalles sobre las nacionalidades de las víctimas, su identidad ni la naturaleza específica de las supuestas actividades ilegales. Una de las embarcaciones atacadas contaba con un sobreviviente, cuya custodia fue entregada a las autoridades mexicanas.

Las acciones se produjeron en aguas internacionales, fuera de cualquier jurisdicción soberana, lo que genera cuestionamientos sobre la legalidad y legitimidad de estas operaciones. Los ataques se concentraron en rutas marítimas que Estados Unidos considera asociadas al tráfico de drogas, sin intervención de organismos multilaterales ni verificación independiente.

Las autoridades venezolanas han denunciado en varias ocasiones el uso del combate al narcotráfico como pretexto para justificar acciones de injerencia en la región.

En su comunicado, Hegseth aseguró que “estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda”, y prometió continuar con operaciones similares. La retórica empleada recuerda el discurso utilizado para justificar intervenciones militares en otras regiones, lo que despierta preocupación en torno a posibles escaladas en América Latina bajo el argumento de la seguridad nacional.

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